Exdirectivo de NGC dice que las indemnizaciones las cerraron las antiguas cajas


...Por su parte, José Fallula, abogado del letrado también imputado Ricardo Pradas, que informó al Consejo de Administración de la entidad de los beneficios que correspondían a los exdirectivos y que declaró como imputado el pasado lunes, ha coincidido en que estos contratos, además de "correctos", eran "evidentemente ya existentes".
Fallula ha manifestado que su cliente "hizo el armazón de los contratos" y, sobre las cantidades fijadas para las retribuciones, ha precisado que "era el banco el que las ponía con la Comisión de Retribuciones y el Consejo de Administración", órganos encargados de la toma de decisiones.
"El señor Pradas no es un asesor que se inventan ad hoc, que aparece en un momento determinado, llevaba 20 años trabajando para la entidad, para la Confederación de Cajas de ahorros y para el Banco de España", ha concluido.
Pradas y Fernández Moreda son dos de los cinco imputados a los que esta semana ha interrogado Moreno, a los que considera "cooperadores necesarios" de estos hechos junto al ex copresidente de NCG y expresidente de Caixa Galicia Mauro Varela; el exvicepresidente de NCG Alfonso Zulueta y Pilar Cibrán, procedente de Caixanova....

Ricardo Pradas dice que no hizo «ningún traje a medida»

El juez Ismael Moreno, titular del juzgado de la Audiencia Nacional que instruye la causa de las indemnizaciones y prejubilaciones millonarias de cinco exdirectivos de Novacaixagalicia, la entidad resultante de la fusión de las dos cajas y predecesora del actual NCG Banco, tomó declaración ayer a dos nuevos imputados, el abogado Ricardo Pradas y el excopresidente de Novacaixagalicia Mauro Varela, en un intento por esclarecer los abultados blindajes y si el consejo de administración los conocía realmente cuando los aprobó.
Según confirmaron fuentes presentes en las declaraciones, que se extendieron durante dos horas en total, ambas dieron «muy poco de sí». El abogado madrileño -experto en derecho laboral y único encausado externo a la entidad hasta el momento- está imputado como «colaborador necesario» en los delitos de los que se acusa a los exdirectivos por haber sido quien asesoró y redactó los contratos que posibilitaron las indemnizaciones y prejubilaciones ahora investigadas.
Tres décadas como asesor
Pradas puso en valor ante el juez sus «30 años como asesor de cajas de ahorros -entre otras Caixanova y Caixa Galicia-, y también del Banco de España y la CECA» y, según fuentes de su defensa, sostuvo que «nunca, ni en este caso ni en otros, ha hecho trajes a medida de ningún directivo, sino que siempre se ha basado en trabajos de otros especialistas y en la legislación laboral».
Por ello, aseguró que no se considera «autor ni ideólogo de ningún planteamiento», insistiendo en que su función fue la de asesor, y que a requerimiento del consejo de administración de la entidad y de la comisión de retribuciones y nombramientos -nunca de los exdirectivos-, se limitó a informar.
Sostuvo que en el dictamen que presentó al consejo de administración de la antigua caja en agosto del 2011 - ya en proceso de conversión en banco- solo explicó, sin plantear nada, las indemnizaciones que tendría que asumir la entidad si alguno de los directivos ahora imputados se iba de la firma. Fuentes de su defensa destacaron que también subrayó que los contratos no eran nuevos, sino continuación de los ya existentes.
La tesis de Anticorrupción
Pero Pilar Melero y Concepción Nicolás, las fiscalas Anticorrupción encargadas de la acusación, consideran que Pradas expuso de forma opaca, sin nombres ni cantidades, los abultados blindajes y prejubilaciones, y sus preguntas -según señalaron fuentes jurídicas- estuvieron orientadas a demostrar que el abogado, aunque pagado por la caja, trabajaba realmente para los directivos. Por contra, su defensa sostuvo que la querella de la Fiscalía está llena de incorrecciones e insistió en que se está tratando de «criminalizar» un asunto «exclusivamente laboral». Entiende, además, que Prada debería haber sido citado a declarar como testigo y no como encausado, pero que de ese modo habría «desmontado» la querella de Anticorrupción, que por ello ha preferido imputarlo.
Mauro Varela, también encausado -junto con otras tres personas más- como «colaborador necesario», al formar parte de la comisión de retribuciones de la antigua caja, declaró ante el juez , por su parte, que los integrantes de dicho órgano sí sabían lo que estaban aprobando -las modificaciones de los blindajes e indemnizaciones-, pero que no conocían «el detalle».
Asimismo, el que fue copresidente de Novacaixagalicia aseguró en su declaración que tampoco esperaban que ningún directivo se fuera a ir de la entidad tras su conversión en banco y la llegada del nuevo gestor.

El abogado imputado


Asesor en la redacción de los contratos. El nombre de Ricardo Pradas aparece varias veces en informes previos de la Fiscalía Anticorrupción (los que dieron lugar a la imputación de Gayoso y otros cuatro directivos). Pero no ha sido hasta este mes en que se ha dado el paso de encausarle. Es, según fuentes conocedoras del caso, una persona clave por su papel en el asesoramiento y redacción de los contratos que dieron lugar a los blindajes y prejubilaciones ahora en cuestión. En el verano del 2011, cuando la caja iba a convertirse en banco, explicó al consejo, sin nombres ni cantidades, de forma opaca (según algunos testigos) las indemnizaciones que podía enfrentar la entidad si los directivos se iban en ese proceso de conversión (iba a llegar José María Castellano, con un nuevo equipo al frente). Pradas es único imputado ajeno a Novacaixagalicia, y algunas fuentes lo sitúan también como asesor en otras cajas de ahorro. Su vinculación a las cajas gallegas procede de la antigua Caixanova.

Ricardo Pradas y Mauro Varela han abierto la segunda ronda de interrogatorios en la Audiencia Nacional

El abogado Ricardo Pradas y el que fuera copresidente deNovacaixagalicia, Mauro Varela, han concluido su declaración como imputados en la Audiencia Nacional por el caso de las indemnizaciones y prejubilaciones millonarias abonadas a cuatro ex directivos de la antigua caja fusionada.
Ambos están imputados como «colaboradores necesarios» para tales cobros, aunque por motivos diferentes, ya que Pradas era el abogado externo a la entidad encargado de asesorar en la redacción de los contratos que posibilitaron los blindajes que Anticorrupción considera ilegales. Varela, por su parte, está encausado por formar parte de la comisión de retribuciones de la entidad financiera que se abordaron esas indemnizaciones.
Ambos declararon esta mañana, entre las 9.30 y las 11.30, ante el juez Ismael Moreno, titular del juzgado central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que investiga el caso. Hasta el momento no ha trascendido nada sobre sus interrogatorios.

El juez revisa la pensión de Gayoso en la investigación a la caja gallega

Ya son diez los imputados, al ampliarse la causa al abogado que asesoró en la redacción de los contratos de los ejecutivos de Novacaixagalicia


La instrucción que está llevando a cabo el juez Ismael Moreno sobre las millonarias indemnizaciones a cuatro ejecutivos de la extinta Novacaixagalicia está llegando años atrás, centrándose en las actas de consejos y acuerdos laborales de alta dirección de Caixanova. Ahí cree que puede estar el germen de esos polémicos blindajes. Y está solicitando y cotejando varios documentos, entre otros las modificaciones que se hicieron sobre el plan de pensiones de Julio Fernández Gayoso, según fuentes judiciales.
La fecha que toma como referencia el instructor es el 2006, cuando se produjo la última modificación de ese contrato. En junio de ese año, con 75 años, Gayoso abandonó la dirección general (había llegado al límite legal de edad) de Caixanova para convertirse en su presidente. Pasó de tener un sueldo en la caja a una pensión (se estima en 580.000 euros al año), aparte de dietas por pertenencia a diferentes consejos.
Según las mismas fuentes, Ismael Moreno trata de averiguar si su contrato es similar al que luego suscribieron José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Nelson Rodríguez Estrada, también altos directivos de Caixanova, contratos que están en el germen del proceso judicial. Incluso si guarda relación con el que se rubricó, ya en Novacaixagalicia, con Javier García de Paredes. A diferencia de los anteriores, este último firmó su acuerdo laboral ya tras la fusión (procedía de Caixa Galicia), salió cuando la caja se convirtió en banco (el resto se fueron antes), y fue el único de los imputados que mostró su disposición a devolver cuatro millones de euros, la mayor parte de lo percibido. No pudo hacerlo porque la investigación judicial lo bloqueó. En su caso, lo que se cuestiona es la forma en la que podía cobrar su prejubilación, porque la capitalizó, y según el escrito de la Fiscalía, su contrato no lo permitía. Son casuísticas bien diferentes.
El proceso judicial iniciado en el 2012 cuenta ya con 10 imputados. Porque a los nueve conocidos hasta ahora se suma otro que también ha sido citado. Se trata de Ricardo Pradas Montilla, abogado madrileño que asesoró en la redacción de los contratos de alta dirección, y que trabajó para otras entidades.
Se suma así a otros nueve imputados. Son los cinco directivos encausados desde mediados del 2012, y a los que ya tomó declaración el juez. A Pego, Gorriarán, Rodríguez Estrada y García de Paredes se les pide la devolución de cantidades. A Gayoso se le considera cooperador necesario. Hay que sumar otros cuatro consejeros de Novacaixagalicia, los que formaban parte en el 2010 de la comisión de retribuciones. Son Mauro Varela, Salvador Fernández Moreda, Pilar Cibrán y Alfonso Zulueta de Haz. La Fiscalía entiende que desde ese órgano se dio validez a los contratos.

Caso NOVACAIXA: Ricardo Pradas Montilla: «Me limité a emitir mi opinión»


Ricardo Pradas Montilla recibió la semana pasada la citación del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional para declarar por la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. «Estoy sorprendido, mi participación se ha limitado a emitir mi opinión en derecho cuando me fue solicitada por los órganos colegiados de administración de la entidad», explicaba el sábado Pradas, hoy más centrado en su cargo al frente del Club de Golf La Moraleja que en la abogacía.
El nombre de Ricardo Pradas figura ya en la querella previa de la Fiscalía recordando que en agosto del 2011, a petición de Julio Fernández Gayoso, compareció ante el consejo de Novacaixagalicia para explicar «de manera abstracta y sin identificar a personas» los blindajes de los altos ejecutivos que podían abandonar la entidad al convertirse en banco, origen de todo este proceso judicial.