Según los datos a los que hemos tenido acceso, en la Comunidad de Madrid hay previstos, a corto y medio plazo, una veintena de campos de golf, la mayoría de ellos considerados públicos porque se harán en terrenos públicos, incluso en zonas protegidas, pero con gestión privada. Hasta ahora, los “pelotazos urbanísticos” y la construcción de estos centros estaban asociados: en los últimos diez años se han construido 112 campos, el 90 por ciento promovidos por inmobiliarias, pero a causa de la crisis, las viviendas no se venden y las construcción de este tipo de instalaciones se ha parado. Unos 150 proyectos programados en los dos últimos años no se han ejecutado.
El negocio del golf es insostenible. Se esquilma un recurso escaso como es el agua en beneficio del negocio privado de unos pocos. Según Ecologistas en Acción, en un año, el consumo de agua de un campo de golf de 18 hoyos y 60 hectáreas es de 10.000 metros cúbicos por hectárea; es decir, 18 hectómetros cúbicos. Este consumo equivale al de una ciudad de entre 150.000 y 200.000 habitantes.
Los recorridos y el número de hoyos marcan el atractivo del campo: si tienen 18 necesitan como mínimo 50 hectáreas de terreno. Pero también los hay de 9, 27, 36, 54 y 60 hoyos. Además el campo de golf necesita un green de unos 800 metros por hoyo.
En zonas urbanizables es imposible conseguir tanta cantidad de terreno, por eso se suelen ocupar áreas próximas a espacios naturales, que se privatizan. De paso se recalifican los terrenos y se construyen urbanizaciones asociadas al golf.
Los alcaldes defienden los proyectos de los constructores con la excusa del empleo, aunque un campo de golf solo necesite una plantilla de 36 personas. Pero el verdadero negocio está en las viviendas asociadas, que se revalorizan entre el 30 y el 50 por ciento más, según estén o no ubicadas en el campo. No son viviendas de primera ocupación y por eso suelen ser adquiridas mayoritariamente por inversores del golf y las familias de clase media que las usan como segunda residencia.
Esta depredación del territorio de un negocio privado con recursos públicos tiene otras consecuencias graves como es la contaminación del subsuelo. Los campos de golf necesitan gran cantidad de abonos y fitosanitarios que van a parar a los acuíferos. Además, el riego de los campos de golf, en teoría, debe llevarse a cabo con agua depurada, pero eso no suele cumplirse. Debido a la alta salinidad de estas, en la mayoría de los casos se mezcla al 50 por ciento con agua potable. En otros casos, como en el campo de El Encín de Madrid (ilegal según una reciente sentencia del Tribunal Supremo), se riega directamente con el agua extraída de pozos. Además, muchas de estas urbanizaciones y campos de golf carecen de plantas depuradoras y son los ayuntamientos, con fondos públicos, quienes reciclan y trasladan el agua de los campos de golf.
El golf es un deporte que practica el 0,67 por ciento de la población española, según datos facilitados por la Federación española de Golf. En nuestro país están federados cerca de 350.000 personas, de las cuales la mayoría son naturistas que vienen a jugar aprovechando el buen tiempo. Para poder practicar el golf es necesario estar federado y pagar bastante dinero. Por ejemplo, para ser socio del club de golf de La Moraleja (urbanización de lujo próxima a Madrid) había que pagar 6.000 euros hasta finales de los años 90. Ahora el precio supera los 75.000 euros anuales. España hasta hace poco era el primer destino para los golfistas procedentes de Alemania, Inglaterra y Noruega, y el segundo destino del mundo después de Estados Unidos.
Todo esto con la crisis se ha venido abajo. De ahí que promotores y constructores vinculados al mundo del golf hayan empezado a reclamar la intervención de los ayuntamientos y comunidades Autónomas para socializar pérdidas. Si las viviendas no se venden, no se puede mantener el campo de golf, que, como admiten ahora los promotores, son insostenibles. José Pons de la constructora Medogroup, ha señalado que “el negocio de inventarse un campo de golf, poner cuatro casas y largarse, está agotado”. Francesco Franquialli, director de la Organización Mundial del Turismo, ya advertía en 2007 que este tipo de residencias que acompañan a los campos del golf “son instalaciones que consumen mucho agua, bien escaso cada vez más por el calentamiento global que lleva a la desertificación de algunas regiones españolas”. En la revista Hoteltour, una de las publicaciones del negocio hotelero, se dice abiertamente que este tipo de “proyectos son insostenibles”.
Los recorridos y el número de hoyos marcan el atractivo del campo: si tienen 18 necesitan como mínimo 50 hectáreas de terreno. Pero también los hay de 9, 27, 36, 54 y 60 hoyos. Además el campo de golf necesita un green de unos 800 metros por hoyo.
En zonas urbanizables es imposible conseguir tanta cantidad de terreno, por eso se suelen ocupar áreas próximas a espacios naturales, que se privatizan. De paso se recalifican los terrenos y se construyen urbanizaciones asociadas al golf.
Los alcaldes defienden los proyectos de los constructores con la excusa del empleo, aunque un campo de golf solo necesite una plantilla de 36 personas. Pero el verdadero negocio está en las viviendas asociadas, que se revalorizan entre el 30 y el 50 por ciento más, según estén o no ubicadas en el campo. No son viviendas de primera ocupación y por eso suelen ser adquiridas mayoritariamente por inversores del golf y las familias de clase media que las usan como segunda residencia.
Esta depredación del territorio de un negocio privado con recursos públicos tiene otras consecuencias graves como es la contaminación del subsuelo. Los campos de golf necesitan gran cantidad de abonos y fitosanitarios que van a parar a los acuíferos. Además, el riego de los campos de golf, en teoría, debe llevarse a cabo con agua depurada, pero eso no suele cumplirse. Debido a la alta salinidad de estas, en la mayoría de los casos se mezcla al 50 por ciento con agua potable. En otros casos, como en el campo de El Encín de Madrid (ilegal según una reciente sentencia del Tribunal Supremo), se riega directamente con el agua extraída de pozos. Además, muchas de estas urbanizaciones y campos de golf carecen de plantas depuradoras y son los ayuntamientos, con fondos públicos, quienes reciclan y trasladan el agua de los campos de golf.
El golf es un deporte que practica el 0,67 por ciento de la población española, según datos facilitados por la Federación española de Golf. En nuestro país están federados cerca de 350.000 personas, de las cuales la mayoría son naturistas que vienen a jugar aprovechando el buen tiempo. Para poder practicar el golf es necesario estar federado y pagar bastante dinero. Por ejemplo, para ser socio del club de golf de La Moraleja (urbanización de lujo próxima a Madrid) había que pagar 6.000 euros hasta finales de los años 90. Ahora el precio supera los 75.000 euros anuales. España hasta hace poco era el primer destino para los golfistas procedentes de Alemania, Inglaterra y Noruega, y el segundo destino del mundo después de Estados Unidos.
Todo esto con la crisis se ha venido abajo. De ahí que promotores y constructores vinculados al mundo del golf hayan empezado a reclamar la intervención de los ayuntamientos y comunidades Autónomas para socializar pérdidas. Si las viviendas no se venden, no se puede mantener el campo de golf, que, como admiten ahora los promotores, son insostenibles. José Pons de la constructora Medogroup, ha señalado que “el negocio de inventarse un campo de golf, poner cuatro casas y largarse, está agotado”. Francesco Franquialli, director de la Organización Mundial del Turismo, ya advertía en 2007 que este tipo de residencias que acompañan a los campos del golf “son instalaciones que consumen mucho agua, bien escaso cada vez más por el calentamiento global que lleva a la desertificación de algunas regiones españolas”. En la revista Hoteltour, una de las publicaciones del negocio hotelero, se dice abiertamente que este tipo de “proyectos son insostenibles”.
